FARSA MAGNA

ENTRE COLUMNAS

FARSA MAGNA

Un juez invoca a Dios al dictar su fallo y adorna la sala de audiencias con imágenes religiosas, un concejo municipal institucionaliza lecturas religiosas al inicio de sus sesiones, una entidad del orden nacional invita a actos religiosos, entidades públicas construyen capillas en su interior con dineros públicos.

Los anteriores son ejemplos de algunas de las practicas que al interior del Estado colombiano se han convertido en recurrentes y que son interpretados, por quienes los defienden, como algo sin importancia, que no hace daño a nadie y además, de forma prepotente, afirman que quien no quiera participar, que se aparte.

Pero, ¿realmente son intrascendentes? No lo creo y particularmente considero que atentan contra el principio de laicidad del Estado y aun peor, atentan contra el principio de no discriminación, principios ambos regulados y establecidos por nuestra Constitución Política.

Veamos otro ejemplo de violación de la laicidad del Estado: El día internacional de los Derechos Humanos se celebra a nivel mundial el 10 de diciembre de cada año, debido a que en esa fecha, en el año 1948, fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, misma que en 1950, insto a todos los estados miembros de esa organización a conmemorar esa fecha como día de los Derechos Humanos; sin embargo, Colombia lo celebra el 9 de septiembre, en honor de un santo de la iglesia católica, y como podrán imaginarse, se hace una misa católica para conmemorarlo.

A este respecto, la Corte Constitucional señalo, en Sentencia C-817 de 2011 que: "El Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas."

Como pueden ver, todos los ejemplos ya señalados, violan de manera franca la doctrina constitucional y ponen en entredicho la libertad religiosa de cada uno de los ciudadanos, pues en muchos casos, estos se ven obligados a soportar expresiones religiosas que les son ajenas y que no comparten, pero se someten a ello, pues la velada imposición proviene de los propios representantes del Estado, que se supone, deben velar, precisamente, porque ese tipo de situaciones no se den.

Peor aún, en muchísimos casos, se ha obligado a particulares e incluso a funcionarios, a retirarse de un recinto por llevarse a cabo una invocación o acto religioso. Y no me digan que invitar, al que no comparte dicho abuso, a salir del lugar, no es un acto discriminatorio. Lo es, por la sencilla y llana razón que, si yo tengo derecho a estar en un sitio, no se me puede coaccionar a irme, por el ridículo capricho de practicar una ceremonia de un culto en particular.

Pero, ¿que pasaría si algún ciudadano reclamara la igualdad de trato hacia el culto de su preferencia? ¿Estarían dispuestos estos mismos funcionarios a permitir una ceremonia de otra religión que sea minoritaria? Lo dudo mucho, porque un rasgo característico del que en materia religiosa discrimina, es desconocer la verdad de las demás creencias, pues olvidan que cada religión, en el fondo, es una verdad, pues  la fe aporta el ingrediente fundamental de la religión, que es considerar verdad aquello en lo que creemos, sin importar que no tengamos prueba alguna al respecto.

Así las cosas, la laicidad del Estado Colombiano no pasa de ser teórica o retórica, un simple deber ser, que sus mismo representantes incumplen, convirtiendo los principios de la Carta Magna en una Farsa Magna

FABIAN VELEZ PEREZ

velezperez@operamail.com

OCTUBRE 2013