ABOGADO PARA TODOS

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ABOGADO PARA TODOS

Colombia es un país en donde existen leyes para todo, y aunque muchas de ellas sean letra muerta, cualquier ciudadano corre el permanente riesgo de verse envuelto en un problema legal.

La cuestión es que para salir de ese tipo de problemas, se debe recurrir a los profesionales del derecho, y a nadie le cabe duda que abogados sobran en este país, pero cuestan dinero, y muchas veces el presupuesto del colombiano de a pie no da para cubrir los honorarios de quien lo puede asistir.

Sin embargo, gracias a la Constitución de 1991, todo colombiano que se encuentre en precarias condiciones económicas, puede solicitar del Estado la designación de un abogado que lo represente ante los estrados judiciales.

Esta labor la viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, entidad donde cualquier ciudadano puede acudir para que se le oriente y si es del caso, se le asista profesionalmente, a fin de que toda persona que se vea envuelta en intríngulis legales, tenga una decorosa representación judicial y extrajudicial.

Contrario a lo que muchos piensan, los Defensores Públicos, que es el nombre que reciben estos juristas, no solo se dedican a los temas penales, defendiendo a aquellos que no tienen como pagar un abogado, sino que también se encargan de asunto civiles, administrativos, laborales y de familia.

La labor no ha sido fácil ni barata; lograr cubrir todo el territorio nacional para que exista un abogado al alcance de todos no es sencillo, mas sin embargo, en un proceso lento pero progresivo, el ente defensorial ha ido cubriendo las necesidades legales de las clases menos favorecidas.

Ya no es extraño encontrar a un Defensor Público llevando un proceso de divorcio, de paternidad o interdicción ante la jurisdicción de familia, también los encontramos en los juzgados civiles revisando procesos donde se pide el remate de la casa de un pobre parroquiano, y tampoco les son ajenas las demandas de pensiones y sustituciones.

Viudas solicitando la pensión del marido fallecido, mujeres reclamando alimentos a los padres de sus hijos, desempleados luchando por salvar su escaso patrimonio, son los denominados usuarios de la Defensoría, que encuentran en el Defensor Publico el abogado que nunca hubieran podido pagar.

A nivel local, ya es común verlos en las cabeceras municipales de nuestros pueblos y veredas, prestos a dar asistencia legal a aquellos grupos marginados que, si no fuera por ellos, jamás podrían acudir ante la justicia a reclamar y hacer vales sus derechos.

Son mirados con recelo por muchos colegas que consideran que se les está quitando clientela, cuando la realidad es que la gran mayoría de usuarios de la defensoría, jamás habrían podido acceder a los servicios de un profesional del derecho.

Y no se crea que es cualquier abogado el que ejerce la defensa pública; la mayoría de ellos, casi su totalidad, son especializados en diversas ramas del derecho, y quienes no lo son, poseen la experiencia con la que el tiempo y el litigio curten a los letrados.

Sus honorarios los cubre el Estado y gracias a un adecuado proceso de selección, la estabilidad de estos togados en la entidad es notable, caso bastante extraño dentro de un aparato estatal donde cada cambio de poder político, sea local, regional o nacional, generalmente implica renovación en todos los cuadros del servicio público, lográndose de esa manera que sea excepcional la sustitución de apoderado para un usuario.

Entonces amigo lector, si usted pertenece a un grupo social marginado, si está desempleado, o su situación le impide contratar a un abogado, ya sabe dónde acudir.

  

FABIAN VELEZ PEREZ

velezperez@operamail.com

junio 2012